El Seguro Nacional de Salud (SENASA) representa una de las principales conquistas sociales del Estado dominicano. Fue creado para garantizar el acceso a la salud de millones de ciudadanos, especialmente de aquellos que no cuentan con los recursos para costear servicios médicos privados. Por eso, el escándalo de corrupción que envuelve a esta institución no es solo un caso judicial: es una herida profunda a la confianza pública y una traición directa a los más vulnerables.
Las investigaciones del Ministerio Público en torno al exdirector de SENASA, Santiago Hazim, revelan un presunto desfalco que ascendería a más de RD$15 mil millones, recursos que debieron destinarse a medicamentos, tratamientos, cirugías y atención médica oportuna. No se trata de cifras abstractas ni de simples irregularidades administrativas; se trata de dinero público que tenía un propósito vital: proteger la vida y la dignidad de más de siete millones de afiliados.
Cuando fondos de esta magnitud son desviados, el impacto real no se mide en balances contables, sino en citas médicas canceladas, tratamientos retrasados, medicamentos no cubiertos y pacientes que quedan en el limbo del sistema. Los más afectados son siempre los mismos: adultos mayores, niños con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos y familias de escasos recursos para quienes SENASA es la única opción de atención en salud.
Este caso pone en evidencia una dolorosa realidad: la corrupción en el sector salud es una de las formas más crueles de traición institucional. Robar en un sistema que sostiene la vida de los más pobres es atentar contra el derecho fundamental a la salud y profundizar la desigualdad social.
Si bien el Estado ha anunciado acciones legales y la recuperación de los recursos sustraídos, la ciudadanía exige más que sanciones ejemplares. Exige transparencia, controles reales y garantías de que el sistema no volverá a ser utilizado como botín político o administrativo. La confianza perdida solo podrá recuperarse con hechos, no con discursos.
Desde El Intermediario, entendemos que este editorial no busca prejuzgar, sino recordar una verdad ineludible: la función pública no es un privilegio, es un compromiso moral con la sociedad. Y cuando ese compromiso se traiciona, las consecuencias no pueden quedar impunes.
El país observa. Los más vulnerables esperan. Y la historia juzgará si esta crisis fue un punto de quiebre para fortalecer la institucionalidad o una oportunidad perdida para hacer justicia social.
Redacción Editorial
ElIntermediario.com.do
