La indiferencia de muchos padres deja a cientos de niños en riesgo; urge un compromiso de Estado que convierta la paternidad en responsabilidad y no en disfrute impune.
Por Jeannette Checo/periodista
En la República Dominicana persiste una realidad incómoda que suele expresarse en cifras frías, pero que se vive con crudeza en hogares, calles y escuelas: una proporción importante de familias está encabezada por mujeres que, en la mayoría de los casos, crían solas a sus hijos ante la falta de apoyo económico, emocional y legal de los padres. Esa ausencia paterna repercute directamente en la pobreza infantil, el acceso a la educación y el bienestar físico y psicológico de la niñez dominicana.
Según datos oficiales y de organismos internacionales, un número considerable de hogares dominicanos está dirigido por mujeres. Esto se traduce en una doble carga: proveer y cuidar. UNICEF estima que la pobreza monetaria infantil ronda el 34% en el país, y en algunas zonas supera el 50%, con una proporción de niños viviendo en pobreza extrema. Estas cifras confirman que la vulnerabilidad infantil se concentra, en gran medida, en los hogares encabezados por mujeres.
Este problema tiene múltiples rostros. La ausencia física y económica de muchos padres —ya sea por abandono, separación o falta de reconocimiento legal de la paternidad— deja a las madres solas frente a la responsabilidad total de garantizar alimentación, salud, educación y vivienda, entre otras necesidades básicas. A esto se suma la débil implementación de mecanismos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones alimentarias: muchas pensiones resultan insuficientes, irregulares o simplemente inexistentes.
Las oportunidades laborales y sociales para las madres jefas de hogar también son limitadas, lo que profundiza su precariedad. Organismos como el Programa Mundial de Alimentos advierten que una gran parte de las familias pobres urbanas está liderada por mujeres, lo que agrava la inseguridad alimentaria y económica.
Frente a esta realidad, urge una respuesta estatal integral. Se necesitan políticas públicas que garanticen el registro y reconocimiento temprano de la paternidad, para mejorar el acceso a derechos y el reclamo de pensiones. Es esencial fortalecer la ejecución de la pensión alimenticia dotando al sistema judicial y administrativo de mecanismos ágiles, como la retención automática de salarios, sanciones financieras o suspensión de permisos, que aseguren un cumplimiento sostenido y efectivo.
Asimismo, deben implementarse licencias de paternidad ampliadas y programas que fomenten el cuidado activo de los padres desde el nacimiento, como recomienda UNICEF, con el fin de fortalecer el apego y la corresponsabilidad. Paralelamente, se requieren programas de empleo y protección social dirigidos a las madres solteras, incluyendo transferencias condicionadas, acceso preferente a guarderías públicas y formación laboral para reducir la brecha de ingresos.
En los casos más graves, donde exista evidencia de abandono reiterado y deliberado, el Estado debe contemplar sanciones penales proporcionales y reguladas, aplicadas con criterios técnicos, debido proceso y opciones restaurativas antes de la prisión. Es legítimo que el Estado actúe con firmeza cuando los mecanismos administrativos han fracasado, pero debe hacerlo con justicia y equilibrio.
Aun así, la prevención sigue siendo el camino más inteligente y menos costoso. Educar en la corresponsabilidad, promover políticas de empleo inclusivas y fortalecer la cultura institucional resultan estrategias más sostenibles que la mera represión. Esta transformación exige también un cambio cultural profundo, con campañas educativas dirigidas a adolescentes y jóvenes sobre masculinidades responsables, programas escolares sobre deberes parentales y alianzas con iglesias, medios y sindicatos para desnormalizar la figura del padre ausente.
Los números no son simples estadísticas: detrás hay niños que no completan sus estudios, que llegan a emergencias por desnutrición o que viven bajo estrés crónico por la inestabilidad familiar. Mejorar la situación de las madres solteras no es solo un acto de justicia social; es una inversión en el futuro de la nación. La República Dominicana dispone de recursos institucionales para diseñar un sistema que combine incentivos, servicios y sanciones cuando sea necesario.
La pregunta es si la sociedad y el Estado están dispuestos a priorizar la infancia por encima del disfrute irresponsable de algunos adultos. Si no actuamos ahora, pagaremos mañana un costo social más alto: generaciones con menos oportunidades, más desigualdad y una herencia de roles que perpetúan la pobreza.
Exigir la responsabilidad parental debe ser una política de Estado: con registros efectivos, pensiones exigibles, apoyo a las madres y educación para los futuros padres. Solo así la paternidad dejará de ser un privilegio y se convertirá, finalmente, en lo que siempre debió ser: una obligación asumida con plena conciencia y compromiso.
